Leire Sopuerta / María Márquez / Javier Leo. Madrid
En 1978, España, casi recién salida de 40 años de dictadura, aprobaba su primera Constitución surgida de un parlamento democrático. En ella se estableció el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos, un objetivo muy ambicioso para un sistema sanitario público poco desarrollado. Tuvieron que pasar ocho años para que en 1986 se aprobara la legislación sobre la que asentar las bases de lo que es el Sistema Nacional de Salud (SNS), calificado internacionalmente en nuestros días como uno de los mejores del mundo. Buena parte de responsabilidad la tiene la Ley General de Sanidad, impulsada por el entonces ministro de Sanidad, Ernest Lluch, una norma que en abril cumple sus bodas de plata, y que ya entonces marcó también el camino para la descentralización, un proceso que se culminó en 2002 con las transferencias a todas las comunidades autónomas.

Para celebrar este especial cumpleaños, Parlamentarios de Sanidad ha querido consultar a personalidades que han sido protagonistas sanitarios durante o en algún momento de esta época, tanto políticos (ocho ministros) como profesionales.

Leire Pajín, actual ministra.

Leire Pajín: “Una ley plenamente vigente”

Para la actual ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, es “una ley plenamente vigente, fruto del trabajo de mucha gente, entre la que quiero destacar al ministro que la impulsó, Ernest Lluch, que supo anticiparse a su tiempo elaborando un texto que ha sido capaz de dar respuesta a la aspiración de equidad en salud que reclamaba la ciudadanía española”. Esta alabanza no quita para que la ministra marque líneas a mejorar. “Debemos ir adaptándonos a los nuevos tiempos y seguir trabajando para que la sanidad ofrezca respuestas a nuevas necesidades. Es en este contexto en el que se enmarcan iniciativas como la Ley de Salud Pública en vías de aprobación definitiva, que permitirá desarrollar un enfoque transversal de la salud que afectará a todas las políticas, así como un enfoque más preventivo”, un aspecto que echan en falta muchos de los entrevistados para este reportaje.
 

Jiménez (2009-2010).

Trinidad Jiménez: “Uno de los logros más importantes de nuestra democracia”

Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social de abril de 2009 a octubre de 2010, cree “que es innegable que la Ley General de Sanidad de 1986 ha permitido tener hoy un gran SNS como pude comprobar durante mi etapa como responsable del Ministerio. Una ley plenamente vigente que me hace expresar mi agradecimiento y reconocimiento a Ernest Lluch, que supo trasladar los principios de equidad y universalidad al sistema. Sinceramente, creo que la Ley de 1986 es uno de los logros más importantes de nuestra democracia”.

La hoy ministra de Exteriores, al repasar “estos 25 años”, señala que “hemos podido consolidar entre todos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, lo que se ha traducido en su reconocimiento internacional y también por parte de los ciudadanos españoles, que valoran la sanidad como uno de los mejores servicios públicos”. Responsabiliza de este éxito “a la coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas, que son parte imprescindible en un sistema descentralizado como el nuestro, y, por supuesto, a la gran labor de nuestro profesionales sanitarios”. Entre los retos, “seguir siendo capaces de mantener la universalidad, la equidad y la alta calidad del sistema, incorporando a la cartera de servicios todos los avances científicos disponibles. Para eso es importante el papel de los profesionales que tienen que ayudar en este tipo de decisiones y también en el objetivo de equidad y sostenibilidad. Debemos seguir siendo eficientes sin necesidad de establecer barreras de acceso”, cree Jiménez.

Bernat Soria (2007-2009).

Bernat Soria: “Un hito que se ha dejado llevar por los agudos”

Bernat Soria (ministro socialista de Sanidad y Consumo desde julio de 2007 hasta abril de 2009), la define como “un cambio notable en la gestión de la asistencia sanitaria”, y destaca hitos como “la incorporación plena de la Atención Primaria y las competencias en salud pública. Se pasó de un sistema incipiente de Seguridad Social, creado para garantizar la asistencia sanitaria de los empleados y sus familias a un sistema de cobertura universal financiado con impuestos”. Para el investigador “este cambio supuso una mejora notable y progresiva de nuestros indicadores de salud y el pleno reconocimiento por parte de otros países de la calidad de nuestro sistema sanitario público”.

También destaca Soria los aspectos de esta ley que deberían haberse desarrollado y todavía no lo han hecho. “Uno de los déficits de nuestro sistema sanitario es la prevención. Aunque la Ley y sus desarrollos posteriores lo tienen previsto, el sistema sanitario se ha visto determinado por lo urgente (la atención de los casos agudos), sin dedicar la debida atención a lo importante (la prevención y la atención a los enfermos crónicos)”, señala. También lamenta que “en términos absolutos, la universalidad aún no se ha alcanzado (existen aproximadamente unos 200.000 ciudadanos españoles fuera del sistema, sobre todo profesionales liberales), pero el Ministerio de Sanidad está trabajando para que en esta legislatura quede resuelto este tema”.
 

Ana Pastor (2004-2006).

Ana Pastor: “Creó el Consejo Interterritorial, un órgano fundamental”

Ana Pastor, que desempeñó el cargo de ministra de Sanidad y Consumo desde julio de 2002 hasta abril de 2004, considera que la Ley General de Sanidad “dio respuesta y desarrollo a las previsiones constitucionales del derecho de todos a la salud y estableció los principios y criterios que permitieron configurar y consolidar el SNS, es decir, su carácter público, universal y gratuito”. Además, “definió los derechos y deberes de los ciudadanos y poderes públicos en el ámbito de la salud, así como la descentralización política de la sanidad, la integración de la salud pública en el sistema y un nuevo modelo de la Atención Primaria”. La actual vicepresidenta segunda del Con greso de los Diputados y responsable de política social y sanitaria del PP cree también que la Ley General de Sanidad estableció las bases de funcionamiento del SNS, ya que creó el Consejo Interterritorial, como órgano coordinador entre las comunidades y la Administración General del Estado, “que ha realizado un papel fundamental para la toma de decisiones, el fomento del con senso y el aprendizaje entre las comunidades”.

A su juicio, 16 años después de la Ley General de Sanidad, “nos planteamos una vez culminadas las transferencias a las comunidades autónomas, poner en marcha nuevos instrumentos que permitieran a los ciudadanos seguir recibiendo un servicio sanitario público de calidad y en condiciones de igualdad efectiva, independientemente del lugar de su residencia”. Y, en este sentido, ha destacado la importancia de la leyes de Cohesión y Calidad del SNS y la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. “Su pleno desarrollo supondrá la consolida ción plena del Sistema Nacional de Salud”.

La también coordinadora de Participación Social del PP ha re cordado que la Ley de Cohesión fue aprobada por su gobierno, con el apoyo de todos los partidos políticos. “Era un momento, continúa, en el que ya se habían culminado las transferencias, la morbimortalidad en España había tenido cambios sustanciales y eran necesarios nuevos retos de organización y de una mayor orientación a resultados de salud; así como de implicación de los usuarios y los profesionales sanitarios, por eso se crea la Agencia de Calidad, el Observatorio del SNS, la Comisión de Recursos Humanos y el Foro Marco”. Respecto a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), Pastor cree que “vino a cubrir un vacío que existía en el ordenamiento jurídico con respecto a garantizar una reserva de ley para todos los profesionales”.

Celia Villalobos (2000-02).

Celia Villalobos echa en falta la universalización de la sanidad

Celia Villalobos, ministra de Sanidad entre abril de 2000 y julio del 2002, ha asegurado que aunque fue una ley “complicada de poner en marcha”, ha funcionado y ha logrado mantener un sistema sanitario que funciona. Sin embargo, ha destacado varios aspectos que, a su juicio, no se han logrado como la plena universalización de la sanidad y la total equidad de la atención sanitaria.

Entre los aspectos de la norma que no se han desarrollado o quedan por cumplir, Villalobos también ha destacado la “recuperación” del prestigio de los profesionales sanitarios. “Yo hice un esfuerzo para ello”, dice. El desarrollo del papel de la enfermería, “en una población tan envejecida hay que crear hospitales de crónicos, que son más baratos que los de agudos”; y el impulso al Consejo Interterritorial, que “debe tener más fuerza y protagonismo”. También se ha lamentado del endeudamiento actual que sufre la sanidad española. “Un problema que no se puede resolver a costa de los pacientes, sino con una mejor gestión en Atención Primaria y hospitalaria y con un mejor control del gasto”.

Respecto a los retos futuros de la sanidad, la ex ministra ha destacado la implantación del área única y la eliminación de las listas de espera. Asimismo, Villalobos cree que no hay que tener prejuicios ante los cambios de modelo de gestión.

Romay Beccaria (1996-00).

Para Romay Beccaría, “fue una ocasión perdida que está sobrevalorada”

José Manuel Romay Beccaría, ministro de Sanidad y Consumo (julio 1996-abril 2000) en la primera legislatura presidencial del popular José María Aznar, es el más crítico con la ley de los consultados por Publicación de Parlamentarios de Sanidad. “Se acentúan cosas buenas, como la modernización de la Atención Primaria y cosas más colaterales como la creación del Instituto Carlos III y la integración en él de ciertos servicios para la sanidad, pero diría que no mucho más”, argumenta, para proseguir aseverando que “esta ley tiene más de ocasión perdida que de otra cosa: no son ciertos algunos tópicos como que extendió la cobertura sanitaria a todo el país, porque el 90 por ciento de la población ya tenía”.

Tilda la norma de “conservadora” que solo “consagraba un modelo sanitario que era heredado y no introducía innovaciones necesarias como una mayor autonomía de los centros, más responsabilidad de los médicos en la gestión, la llamada gestión clínica, más libertad de elección de los usuarios, etc.”. Añade que “estos eran los cambios que pedía un modelo que se remontaba a los años 40 y que era demasiado burocrático, ideado como un servicio más de la Administración, prestado por funcionarios y con la rigidez de los mecanismos administrativos que no iban bien con un servicio tan completo, difícil y variado como el sanitario”.

A juicio de Romay Beccaría, ante las carencias de la Ley General de Sanidad, en su etapa de ministro “hubo un intento de avanzar en esta línea por parte de algunas comunidades autónomas, como la catalana, la vasca, y que luego nosotros mismos intentamos generalizar a través de la Ley de Nuevas Formas de Gestión, aprobada al poco tiempo de llegar el PP al poder”. Este intento de mejora “perseguía más autonomía de los centros, más implicación de los profesionales y más estímulos porque estos profesionales están muy necesitados de estos estímulos. El modelo burocrático que existe, con una organización tan compleja, se traduce a veces con listas de espera con demoras superiores a las deseables”.

Gª Valverde (1991-92).

García Valverde: “Un antes y un después, pero no un punto de partida”

Julián García Valverde, ministro de Sanidad y Consumo en el tercer gobierno de Felipe González, ha asegurado que la Ley General de Sanidad representó “un antes y un después, pero no un punto de partida del sistema sanitario, ya que la sanidad, con todas sus características, surgió antes”. Por ello, cree que la norma supuso un vehículo en el que se incorporaron componentes anteriores. “El Sistema Nacional de Salud cobra entidad con esta ley, pero el proceso ya se había iniciado antes”, ha remarcado. Y, en este sentido, ha destacado también el papel de la propia Constitución como “elemento legitimador”.

Por ello, García Valverde ha definido la ley como “un hito importante, una forma de ordenación, ya que por primera vez el sistema sanitario aparece como pieza clave”. El ex ministro ha asegurado que el sector salud es juzgado en función de la calidad de sus servicios y ahí, a su juicio, está la clave del futuro del sistema sanitario. “Hay que mejorar la calidad objetiva (recursos humanos, tecnología sanitaria…) y la calidad percibida por parte de los usuarios”, ha dicho. Finalmente ha lamentado el “grave problema de financiación” y ha destacado la importancia de la coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas. En este sentido, considera “clave” el papel del Consejo Interterritorial, si bien, cree conveniente solucionar “su escasa entidad institucional”. “Debería ser un elemento con capacidad autónoma para coordinar”.

Julián Gª Vargas (1986-91).

García Vargas: “Una excelente norma que necesita revisión”

“La Ley General de Sanidad, aprobada solo un mes antes de mi llegada al Ministerio de Sanidad y que me correspondió desarrollar, ha sido y es una excelente norma, aunque necesite de cierta revisión y puesta a punto. Su concepción descentralizadora fue novedosa en su época y facilitó que todas las comunidades autónomas asumieran la gestión de la asistencia”, resume en un primer envite García Vargas, sucesor de Ernest Lluch, y que completó una legislatura y media al frente del Ministerio (1986-1991) bajo el mandato de Felipe González.

García Vargas destaca que “su énfasis en la Atención Primaria fue un éxito y la implantación de los centros de salud ha sido una de las principales aportaciones del SNS. Aún así, seguimos ape gados al ‘hospitalocentrismo’ en algunas partes del territorio, con nuevas construcciones poco justificadas y financiadas con deuda (no computable pero deuda al fin y al cabo)”. En este campo, considera que “el enfoque por áreas ha facilitado un modelo de hospital más reducido y manejable. Es una pena que el concepto de área se haya tergiversado reduciéndolo a un área única en alguna comunidad autónoma, lo que equivale a eliminar esa sensata división territorial. El tamaño de área definida en la Ley probablemente es hoy demasiado reducido para zonas urbanas muy pobladas y convendría reconsiderarla”.

En su reflexión, indica que “algunos aspectos de la norma tampoco se han aplicado con la intensidad prevista y entre ellos cabe destacar el papel más importante de la Enfermería, imprescindible en una población de enfermos crónicos como es la española, cuya demanda de médicos ha sido excesiva en algunos momentos”. ¿Qué sería mejorable hoy en la Ley General de Sanidad? “Sin entrar en muchos detalles, lo referente a la gobernanza del SNS, los procedimientos para determinar sus prestaciones y el uso de las mismas y la financiación”, sintetiza.

En este sentido, en cuanto a la gobernanza del SNS ahonda en que “es evidente que el Ministerio debería disponer de mecanismos para mejorar su capacidad de coordinación y de liderazgo (el Plan Integrado de Salud nunca se desarrolló y los Planes Conjuntos tampoco) y el Consejo Interterritorial debería tener mayor capacidad de decisión. El SNS tiene graves disfunciones y desigualdades que la norma no previó”.

Por último, indica que “el SNS sufre un problema crónico que son las desviaciones presupuesta presupuestarias, que generan deuda recurrente. No es aceptable que las autonomías sigan presupuestando con insuficiencia o que sigan gastando más de lo presupuestado y trasladando la deuda a los proveedores. Eso tampoco se previó en la Ley General de Sanidad y exige una revisión urgente”.